Pocas veces somos tan directos y tan tajantes, especialmente cuando se trata de asuntos públicos sujetos a la subjetividad o al escrutinio público, pero en esta ocasión, a 7 días de ser testigos de la estrategia más ambiciosa en contra del principal órgano electoral de México, aquél que costó tanto trabajo conseguir tras casi 7 décadas de priísmo hegemónico, se deben decir las cosas con mucha claridad; disipando las tinieblas que con mezquindad se han formado alrededor del nombre de la democracia en el discurso público de los últimos 40 meses. 

Salta a lo obvio que la práctica del ejercicio revocatorio ha sido un recurso utilizado por regímenes dictatoriales para extender sus períodos, tales los casos de Bolivia y Venezuela, y guardada toda proporción, tal vez México se encuentra lejos de tal posibilidad -tal vez no desde un criterio de intentona legislativa potencial- sin embargo, un 10 de abril de 2022 que le de carácter de vinculante a la tan manoseada consulta amenaza con un 1-2-3 político en contra del INE, estilo pugilístico que podría dejar al árbitro electoral en la lona.

El primer golpe del presidente al INE fue de tintes económicos, cuando se le negaron los recursos necesarios para organizar el ejercicio mandatado por la suprema autoridad judicial del país, mermando los alcances del organismo para realizar la consulta tal como la quería López Obrador: como si fuera una elección presidencial. Los ataques por parte del mandatario en sus mañaneras, acompañadas por sus correligionarios en cualquier espacio que así lo permitiera no se hicieron esperar. Existe una urgencia por ponerle al INE el antifaz de villano en esta película de vaqueros a la que pretenden llamar ejercicio democrático. 

Pero las casillas si estarán: por lo menos las principales. No se extrañarán las mesas contiguas, que normalmente se instalan en el resto de procesos electorales, que sirven para seccionar a los electores en grupos ordinales que agilicen la participación de los asistentes. En esta ocasión cada casilla contará sólo con una mesa que podría entorpecer el proceso, o hacerlo un tanto más lento, pero es para lo que hay, porque así lo quisieron el presidente y su legislativo, no el INE.

Tras la votación sucederán una de dos cosas: suponiendo que un poco más de 36.5 millones de mexicanos decidan participar en el ejercicio, independientemente de su voto, la revocación tomará un carácter de vinculante, por lo que sienta el precedente para que futuros gobiernos puedan ser revocados previo al término de su período constitucional, sin embargo, bajo el precepto de que la ley no es retroactiva, no obligaría a López Obrador a dimitir de su cargo, a pesar de sus promesas de hacerlo si el resultado no le favorece. Tal como tampoco se han cumplido al día las promesas de bajar los precios del combustible, de otorgar tratamientos completos y oportunos a los pacientes de cáncer, o sus retiro de la política en caso de no ganar la elección de 2012, o de no postularse a la presidencia mientras era Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal. 

Así pues, en caso de una participación mayor al 40% del padrón electoral, se elevan las posibilidades de que Morena, no el presidente, busque una extensión del mandato obradorista, tal como sucedió en el Poder Judicial, apenas hace unos meses o en el Ejecutivo de Baja California, cuando la entonces Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confiaba en que "el proyecto iba a pervivir". Ninguno de estos dos fructificó, gracias a lo que queda de la institucionalidad mexicana, sin embargo, la posibilidad de que el presidente finalice anticipadamente su mandato son tan poco probables como poco provechosas, en un entorno global que tiene meses viendo de reojo a México como una luz anaranjada, mientras nuestro sistema transita más hacia el lado dictatorial del termómetro democrático, que al de la libertad de elegir.

Por el otro lado, si no se logra la participación necesaria para vincular el proceso a la legislación en temas electorales futuros, la avanzada contra el INE será inusitado. Ponga atención a la "mañanera" del 11 de abril del presidente, de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a cualquier foro en que las filas morenistas tengan espacio de expresión y mire como el mensaje es no sólo frontal, sino artero y confrontativo en contra de una autoridad que sólo tiene como responsabilidad organizar y regir un proceso electoral con la mejor arma que puede tener una democracia: la participación ciudadana. 

López Obrador ya ha sido claro en su postura: a él le gustaría mucho más que las elecciones fueran organizadas por la Secretaría de Gobernación, o un órgano adherido a ésta, tal como se hacía en el priato más recalcitrante, tal como sucedió en 1988 cuando a Manuel Bartlett, hoy con la 4T, se le "cayó el sistema", y una victoria más que aparente en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de oposición, se convirtió en una incontrovertible victoria de Carlos Salinas de Gortari, uno de los nombres más repudiados en las filas obradoristas, pero que a veces tienen tantos paralelos entre sí, que divagan entre lo hilarante y lo hiriente. 

Este último golpe, aunque tremendo, y difícil de aguantar, es el sapo menos difícil de tragar para el órgano electoral, porque aunque atacado un día sí, y otro también desde ese 11 de abril hasta la próxima elección presidencial, por lo menos el INE contará con las estructuras institucionales y la invaluable participación -y ojalá protección- de la ciudadanía para subsistir, y ofrecer la esperanza del rayo de luz democrático que necesita el sombrío momento político que vive el México polarizado de 2022.   

Bajo esta realidad, no participar es también votar, votar en favor del INE, más allá de la continuidad de un presidente que a todas luces puede y debe finalizar su mandato, y que ha logrado con la supuesta revocación, disfrazar una farsa, un ataque frontal al órgano electoral, vistiéndola y enmascarándola de democracia, pero con una intención real que está a la luz para quien quiera verla.