Hace un par de semanas, nos dimos el gusto de converger, en Hermosillo, Sonora, una serie de expertos e interesados en el tema de los Gobiernos Abiertos convocados por Alberto Haaz, presidente del Instituto de Administración Pública de aquella entidad.

La reunión sucedió en uno momentos cruciales para el país y el mundo. Es menester de todos los gobiernos del orbe demostrar una cultura tendiente de manera progresiva a incrementar la información de calidad, oportuna, verificable, en formatos reutilizables y, sobre todo, la responsabilidad de rendir cuentas a una ciudadanía cada día más proactiva en los asuntos públicos, consciente de su papel en la consecución de mejores niveles de vida. Ello se ha demostrado en las reuniones que se han hecho posteriores a las de Hermosillo, en Argentina y esta semana en Madrid, todas bajo el mismo paraguas, debatir la importancia y los avances de los Gobiernos Abiertos.

Resulta entonces, que cuando pensamos en el tema nos referimos casi única y exclusivamente al Poder Ejecutivo, dejando de lado a los Poderes Legislativo y Judicial, quienes también traen consigo su propia iniciativa, con el nombre de Parlamentos Abiertos y Justicia Abierta.

Si bien en Gobiernos Abiertos llevamos avances en el nivel Federal, aunque a veces se caen baches producto del desconocimiento del impacto de esta cultura, misma que ha abanderado el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y que en el poder Ejecutivo necesita recuperar la credibilidad en la Secretaría de la Función Pública y, ahora en el Sistema Nacional Anti Corrupción; en los otros dos poderes nos hemos topado con grandes trabas.

La iniciativa de Parlamento Abierto firmada por el Senado de la República, se encuentra en suspenso sin vislumbrarse en el corto plazo algún legislador que la retome y sirva como bandera, para mostrar como los Congresos pueden abrirse a la ciudadanía no sólo para que conozcan la información que en ellos se genera, sino para incidir de manera permanente en el proceso de elaboración de leyes, a objeto de ser mucho más participativos y de involucrar realmente a quienes representan.

Por otro lado, la Justicia Abierta tiene frente a sí uno de los mayores campos de oportunidad en el mundo, precisamente porque los Poderes Judiciales, según datos de Transparencia Internacional, son los más desprestigiados. Aperturar sus procesos constituye, de esta manera, una necesidad en la búsqueda de una mayor legitimidad de sus decisiones en bien de la colectividad.

La tarea no es nada sencilla y para ello, la sociedad civil organizada ha jugado uno de los papeles más importantes, pues ha llenado huecos dejados por las autoridades, generando de manera constante propuestas tendientes a mejorar los modelos, en pos de dotarles de mayor accesibilidad para la ciudadanía común.

Por supuesto que los delatores de los Gobiernos Abiertos, pregonan que la sociedad es apática y cuenta con problemas mayores que participar y exigir a los gobernantes una mayor y mejor rendición de cuentas. Pero, como lo mencionó Melissa Ortiz Massó durante el Foro, la sociedad civil organizada, aquellos que creemos en esta herramienta como una forma para tener mejores autoridades y con ello mayor calidad de vida, tenemos la responsabilidad de alzar aún más la voz en pos de propiciar una mayor apertura y con ello un cambio cultural en todo el sistema político y social.

Es por ello, que se habla de la Liga de la Apertura, como una iniciativa en donde expertos de América Latina (por lo menos) participan dentro de su ámbito de acción para consolidar el cambio que se necesita. En ella encontramos a Álvaro Ramírez Alujas (el Jedi del Open Gov), Melissa Ortiz Massó, Rafael Valenzuela Mendoza, Carlos E. Jiménez, Guillermo Noriega, Rafael Martínez Puón, cuyo compromiso con los Gobiernos Abiertos no deja lugar a dudas.

Se trata de ciudadanos de carne y hueso, que buscan incidir en construir un mejor mundo, a través de lograr una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, dejando de la lado la pasividad y la apatía. No es solamente llegar al “sí se puede”, la meta es transformar el estilo de gobernar, a partir de los cambios que ha vivido el espacio público, haciéndole ver a la clase política, que cerrar sus procesos, aislarse de la sociedad, ha dejado de ser una opción válida en el siglo XXI.